A partir del 15 de noviembre de 2025, todos los hogares que actúan como empleadores de servicio doméstico deben contar con un protocolo de riesgos laborales. Esta medida, que deriva del Real Decreto 893/2024, busca garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del hogar, tras la eliminación de su exclusión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los empleadores están obligados a realizar una evaluación de riesgos y a implementar las medidas preventivas necesarias. Esta evaluación debe considerar las particularidades del domicilio y las actividades realizadas por el trabajador. Para facilitar este proceso, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha desarrollado una herramienta gratuita disponible en Prevencion10.es, que permite generar un documento con la evaluación de riesgos y las medidas de prevención a implementar.
Es crucial que los empleadores documenten las acciones preventivas y proporcionen una copia al trabajador, especificando las fechas de implementación. Aunque no es obligatorio contratar asesoría profesional, los empleadores deben asegurarse de tener la capacidad suficiente para utilizar la herramienta correctamente y asumir la actividad preventiva.
Además de la seguridad física, el decreto también aborda la protección frente a la violencia y el acoso en el ámbito del hogar familiar, ampliando así el espectro de protección para los trabajadores domésticos.