El lobby de los centros de datos maniobra para eliminar los límites ambientales propuestos por el Gobierno
El futuro de los centros de datos en España se encuentra en una encrucijada. El Gobierno ha presentado un borrador del real decreto que busca regular estas infraestructuras, pero el sector ha reaccionado con más de 600 alegaciones en tan solo dos semanas. Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad ambiental.
Un ejemplo de la magnitud de estos proyectos es el centro de datos de Meta en Talavera de la Reina, que consumirá tanta energía como 248,000 hogares al año, según la Agencia Internacional de la Energía. Además, su consumo de agua, estimado en 504 millones de litros, representa el 8% del consumo de una ciudad en una región donde el agua es escasa.
Actualmente, España cuenta con 159 centros de datos y 22 más en construcción. Se proyectan 52 nuevos, atraídos por los bajos precios de la electricidad y el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, el decreto propuesto deja muchas cuestiones sin resolver, según Cristina García, portavoz de ‘No es sequía, es saqueo’.
El sector, representado por la patronal SpainDC, que incluye a gigantes como AWS-Amazon, Google y Microsoft, así como a empresas españolas como Iberdrola y Repsol, estima que las inversiones podrían alcanzar los 66,900 millones de euros hasta 2030. La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, ha expresado que el borrador actual podría suponer una «prohibición de facto» al sector, poniendo en riesgo entre el 80% y el 90% del capital para futuras inversiones.
Ante la posibilidad de que se impongan límites que afecten tanto a la generación eléctrica como a las reservas de agua y los compromisos climáticos de España, el lobby de los centros de datos ha intensificado sus esfuerzos para influir en la regulación final.